Aprovechemos el polémico desfalco de casi 8.000.000 € en las arcas del municipio andaluz de San Fernando para reflexionar sobre las relaciones y trato entre instituciones y ciudadanía.
Los hechos: todos los informes admiten el descuadre en las cuentas de un municipio, que oficialmente no llega a los 100.000 habitantes, de una elevada suma. Dos funcionarios son acusados y procesados. A espera de juicio y sentencia, no ha aparecido ni un solo céntimo de la cuantiosa suma que no cuadra y ningún político ha asumido responsabilidad gestora, bien por ineptitud, bien por dejadez o por ambas.
Reflexión: imaginemos por un momento que a un habitante de dicha localidad se le traspapelara u olvidara pagar algún impuesto municipal. ¿Qué pasaría? No digamos nada si ese olvido se repitiera durante cinco períodos contributivos. Pobre de ese supuesto ciudadano olvidadizo o negligente, debería asumir lo debido y además sería con toda probabilidad multado y sancionado.
Sigamos imaginando, que es gratuito todavía, pongamos el caso de otro ciudadano/a que en el trámite de cualquiera de los muchos papeleos con la administración local se le olvidará incluir alguno de los impresos o requisitos solicitados. ¿Qué pasaría? Lo más normal es que tras ser amonestado por el lapsus, y con suerte de estar todavía a tiempo, tuviera que volver al día siguiente a arreglar el asunto.
Conclusión: ¿a dónde queremos ir a parar? Pues a la desigual relación existente entre ciudadanía y administración. El ciudadano/a debe cumplir bien con sus deberes o pagar las consecuencias de su error inmediatamente, da igual que no haya mala voluntad por su parte. Mientras, los máximos encargados de nuestras administraciones raramente hacen lo mismo. Y de caer en errores, imprudencias, dejadez de funciones… se amparan en su supuesto desconocimiento o buena voluntad para eludir su acción o mejor dicho falta de acción.
El ciudadano/a debe pagar lo incumplido y ser multado o volver al día siguiente con el papeleo, a veces absurdo, que le faltaba entregar en ventanilla. Debe pasar por la Ley del Embudo, mientras sus máximos gestores municipales se limitarán en caso de caer en incumplimientos de funciones a eludir responsabilidades en rueda de prensa, en la cual seguro se mostrarán además agriamente agraviados. Cuando en un mundo justo todos deben asumir sus responsabilidades. Ojalá nosotros después de hacer larga cola en ventanilla y comprobar nos faltaba un simple papelito escucháramos siempre: “No se preocupe, se lo arreglamos, no tiene usted que volver mañana”, pero el análisis decimonónico sobre las administraciones del joven y brillante periodista Mariano José de Larra aún está muy vigente.
Los hechos: todos los informes admiten el descuadre en las cuentas de un municipio, que oficialmente no llega a los 100.000 habitantes, de una elevada suma. Dos funcionarios son acusados y procesados. A espera de juicio y sentencia, no ha aparecido ni un solo céntimo de la cuantiosa suma que no cuadra y ningún político ha asumido responsabilidad gestora, bien por ineptitud, bien por dejadez o por ambas.
Reflexión: imaginemos por un momento que a un habitante de dicha localidad se le traspapelara u olvidara pagar algún impuesto municipal. ¿Qué pasaría? No digamos nada si ese olvido se repitiera durante cinco períodos contributivos. Pobre de ese supuesto ciudadano olvidadizo o negligente, debería asumir lo debido y además sería con toda probabilidad multado y sancionado.
Sigamos imaginando, que es gratuito todavía, pongamos el caso de otro ciudadano/a que en el trámite de cualquiera de los muchos papeleos con la administración local se le olvidará incluir alguno de los impresos o requisitos solicitados. ¿Qué pasaría? Lo más normal es que tras ser amonestado por el lapsus, y con suerte de estar todavía a tiempo, tuviera que volver al día siguiente a arreglar el asunto.
Conclusión: ¿a dónde queremos ir a parar? Pues a la desigual relación existente entre ciudadanía y administración. El ciudadano/a debe cumplir bien con sus deberes o pagar las consecuencias de su error inmediatamente, da igual que no haya mala voluntad por su parte. Mientras, los máximos encargados de nuestras administraciones raramente hacen lo mismo. Y de caer en errores, imprudencias, dejadez de funciones… se amparan en su supuesto desconocimiento o buena voluntad para eludir su acción o mejor dicho falta de acción.
El ciudadano/a debe pagar lo incumplido y ser multado o volver al día siguiente con el papeleo, a veces absurdo, que le faltaba entregar en ventanilla. Debe pasar por la Ley del Embudo, mientras sus máximos gestores municipales se limitarán en caso de caer en incumplimientos de funciones a eludir responsabilidades en rueda de prensa, en la cual seguro se mostrarán además agriamente agraviados. Cuando en un mundo justo todos deben asumir sus responsabilidades. Ojalá nosotros después de hacer larga cola en ventanilla y comprobar nos faltaba un simple papelito escucháramos siempre: “No se preocupe, se lo arreglamos, no tiene usted que volver mañana”, pero el análisis decimonónico sobre las administraciones del joven y brillante periodista Mariano José de Larra aún está muy vigente.
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